En una sesión clave para el funcionamiento institucional de la justicia bonaerense, la vicegobernadora Verónica Magario tomó una decisión que pasará a la historia como una muestra más del desprecio por la libertad de prensa: ordenó desalojar a los periodistas acreditados del palco del Senado provincial.
Se trataba de una jornada especialmente sensible: se debatían 131 pliegos de designación de jueces, una cifra que de por sí ya amerita control, seguimiento y presencia de la sociedad civil a través del periodismo. Sin embargo, la respuesta del oficialismo fue cerrar puertas y correr cámaras.
Cuando el poder no quiere testigos
Magario actuó como en los peores tiempos del kirchnerismo. Aquellos donde el periodismo era señalado, expulsado o directamente cercado por una maquinaria estatal que solo toleraba la propaganda. La expulsión de la prensa del Senado no es un hecho aislado. Es un mensaje: el poder no quiere testigos.
Y no se trata solo de una decisión aislada de una vicegobernadora. La naturalización del encierro institucional, de la política decidida entre cuatro paredes, está regresando con fuerza. Lo llamativo es que ahora, el libertarismo que se decía antikirchnerista, guarda silencio.
Milei y el doble estándar libertario
Mientras Javier Milei tuitea contra periodistas independientes y organiza su comunicación en base a trolls y cuentas afines, los hechos de censura directa quedan impunes. El gobierno nacional no condenó lo ocurrido en La Plata. Tampoco los referentes libertarios más visibles. ¿Será porque les conviene un modelo donde nadie mire demasiado?
La república se sostiene con transparencia. Y la transparencia, con libertad de prensa. Sin periodistas en los palcos, solo queda oscuridad. Y donde hay oscuridad, crece la impunidad. Magario actuó con métodos kirchneristas. El silencio de Milei la avala con complicidad libertaria.
