En una decisión que generó fuerte controversia entre medios de comunicación, el Gobierno nacional ha limitado el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Las nuevas medidas, que reducen a 25 los acreditados en el salón principal y a 36 en la sala de conferencias, despiertan preocupación sobre el rumbo de la libertad de expresión y el vínculo entre el poder político y la prensa.
Las autoridades justifican el recorte bajo criterios de “seguridad y operatividad”, pero organizaciones periodísticas y referentes del derecho a la información no tardaron en alertar: menos presencia de la prensa significa menos control público.
Desde hace años, la Argentina enfrenta desafíos crecientes en su índice de libertad de prensa. En el ranking 2024 de Reporteros Sin Fronteras, el país se ubicó en el puesto 66 sobre 180 naciones. Esta decisión, lejos de revertir la tendencia, profundiza la idea de un Ejecutivo que se cierra sobre sí mismo y elige evitar la rendición de cuentas cotidiana.
La prensa no es una molestia: es parte del contrato democrático. Cuando un gobierno limita quién puede preguntar, está definiendo también qué respuestas no está dispuesto a dar.
